México acumula 120 mil 469 personas desaparecidas no localizadas al cierre de 2024, mientras 79 mil 585 cuerpos permanecen sin identificar desde 2023, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. La capacidad nacional de resguardo forense alcanza apenas 15 mil 507 espacios, y seis entidades —Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Michoacán— concentran el 49.8 por ciento de los casos pendientes. En paralelo, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas albergan el 63.1 por ciento de los cuerpos sin nombre, con discrepancias graves entre reportes de comisiones locales y fiscalías estatales, como en el Estado de México donde varían de cero a ocho mil 150 casos.
El gobierno federal y estatal destinaron solo el 0.036 por ciento del presupuesto total de 2024 a la búsqueda e identificación forense, equivalente a tres mil 892 millones de pesos, frente a 14 mil 147 millones en publicidad oficial, de acuerdo con un informe conjunto de Elementa DDHH, Política Colectiva y Fundar. De esa cifra, dos mil 562 millones se orientaron a la identificación de restos y mil 330 millones a investigaciones de desapariciones, aunque Baja California —con 13 mil cuerpos sin identificar— ocupa el noveno lugar en recursos asignados, y Ciudad de México —segunda en rezagos— el treintaavo. Las comisiones locales de búsqueda operan con precariedad laboral, ya que solo el 19 por ciento de su personal cuenta con plazas estables y prestaciones, lo que fragmenta los sistemas de información y agrava la brecha entre desaparecidos y restos hallados.
Expertos destacan que esta asignación insuficiente perpetúa la incapacidad institucional para vincular datos y restituir cuerpos a familias, con un aumento del 5.4 por ciento en cadáveres recibidos durante 2024, que sumaron 100 mil 19 unidades en servicios periciales. A pesar de incrementos en el gasto forense —de cuatro mil 629 millones de pesos, con 29.2 por ciento más para la Fiscalía General de la República—, persisten 557 mil 962 solicitudes periciales pendientes y despidos masivos en la Comisión Nacional de Búsqueda, que afectaron a especialistas en genética y antropología. Organizaciones como Fundar recomiendan elevar la inversión proporcional a los contextos locales, con énfasis en rendición de cuentas y programas específicos para mitigar la cronificación de la crisis en entidades críticas.
