México registró 59 desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio entre 2020 y 2024, según documentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Las víctimas pertenecen principalmente a comunidades indígenas, mientras que los agresores incluyen autoridades, empresas privadas y grupos del crimen organizado. Esta colusión genera violencia estructural y eleva los riesgos para los activistas.
Los megaproyectos sin consulta adecuada representan un factor clave de riesgo, pues ocurren en territorios indígenas ricos en recursos naturales. La ONU destaca la impunidad casi absoluta en estos casos, debido a la complejidad de las investigaciones y la pluralidad de perpetradores. Además, la falta de registros oficiales impide políticas públicas efectivas de protección.
Gustavo Alanís, director del CEMDA, subrayó que la insuficiencia en las investigaciones perpetúa las agresiones. Por ello, urgió una política integral que aborde causas estructurales y coordine el mecanismo de protección a defensores. Las desapariciones, a su vez, desarticulan movimientos y envían mensajes intimidatorios a otros activistas.
