Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica presentaron dos denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por la desaparición forzada de los periodistas María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, ocurridas en Michoacán en 2009 y 2006, respectivamente. Las organizaciones solicitaron que se reconozca la responsabilidad del Estado en estos casos y se determinen las violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, reconocimiento legal y libertad de expresión de los comunicadores y sus familias. En México, al menos 28 periodistas han desaparecido en las últimas dos décadas, todos en completa impunidad. Las denuncias subrayan la inacción estatal y la falta de investigaciones diligentes.
María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y El Cambio de Michoacán, desapareció en noviembre de 2009 tras cubrir temas de derechos humanos y seguridad pública. José Antonio García Apac, fundador del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, fue visto por última vez en noviembre de 2006, presuntamente detenido por fuerzas de seguridad en Buenavista Tomatlán. Ambos casos reflejan graves omisiones en las investigaciones, como la falta de búsquedas inmediatas y la omisión de pruebas clave. Un juez federal determinó en 2024 que la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Comisión Nacional de Búsqueda incumplieron con su deber de diligencia.
Las organizaciones destacaron que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 130 mil personas desaparecidas desde la década de 1950, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La colusión entre autoridades y el crimen organizado representa una amenaza constante para la prensa. RSF y Propuesta Cívica pidieron al Comité de la ONU que ordene investigaciones independientes, reparaciones integrales para las familias y mecanismos internacionales de supervisión. Las denuncias se presentaron en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto.
