La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha presentado una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, alertando sobre la posible anulación de la división de poderes en México derivada de la reciente reforma al Poder Judicial.
La directora nacional de la JUFED, Abigaíl Ocampo Álvarez, sostuvo encuentros con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, con el objetivo de exponer la situación que enfrenta el país tras la implementación de la reforma judicial y las próximas elecciones en las que, advierte, existe el riesgo de que se infiltre el crimen organizado.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, establece la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, con una elección extraordinaria programada para el 1 de junio de 2025 para renovar a todos los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación entre diversos sectores, que señalan posibles afectaciones a la independencia judicial y al equilibrio de poderes en el país.
Además, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Celia Marín Sasaki, ha expresado que la reforma no garantiza la paridad de género en los altos cargos judiciales, indicando que de los 32 tribunales de justicia locales, sólo nueve son presididos por mujeres.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha defendido la reforma, asegurando que representa la lucha del pueblo mexicano contra la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial.
La denuncia presentada por la JUFED ante la ONU busca visibilizar las posibles afectaciones a la independencia judicial y al Estado de derecho en México, en un contexto donde la reforma ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones en la democracia y la división de poderes en el país.
