Amnistía Internacional identificó un patrón de represión y estigmatización contra la protesta social en al menos 14 estados mexicanos. Las autoridades responden a manifestaciones pacíficas con uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias y discursos que deslegitiman las causas. Esta situación afecta de manera desproporcionada a personas de pueblos originarios, racializadas no blancas y mujeres.
La organización detalló casos específicos, como agresiones durante marchas feministas del 8 de marzo, con detenciones en Hidalgo, Chihuahua y Coahuila, además de empleo de gas lacrimógeno en varios estados. Asimismo, registró detenciones masivas de estudiantes en Puebla y encapsulamientos a manifestantes. Tales acciones violan estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a facilitar las manifestaciones, abstenerse de criminalizarlas mediante figuras penales ambiguas y guiar la actuación policial por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La protesta pacífica constituye un derecho protegido que las autoridades deben respetar sin discriminación. Otras fuentes confirman esta tendencia preocupante en el país.
