El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que los dos agentes estadounidenses que perdieron la vida en un accidente en Chihuahua el pasado 19 de abril no contaban con acreditación formal para realizar actividades operativas en territorio nacional. Tras el percance, en el que también fallecieron dos elementos estatales, las secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, en conjunto con la Fiscalía General de la República, manifestaron sus condolencias, pero subrayaron una irregularidad administrativa y constitucional: el ingreso de los extranjeros se registró bajo condiciones de visitantes o con pasaporte diplomático, categorías que omiten cualquier facultad para participar físicamente en acciones de seguridad pública dentro del país.
En este sentido, las instituciones federales enfatizaron que la legislación mexicana es tajante al prohibir la intervención operativa de agentes extranjeros, señalando que ni el Ejecutivo ni las instancias de seguridad fueron notificados sobre dicha incursión. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó explicaciones detalladas para determinar bajo qué términos se dio esta colaboración en la entidad fronteriza, advirtiendo que, de comprobarse una participación operativa sin el aval federal, se habría incurrido en una violación directa a la Constitución. La mandataria también señaló que la responsabilidad de haber solicitado este apoyo recae presuntamente en el Gobierno del Estado de Chihuahua, el cual no informó a las autoridades centrales sobre estas maniobras.
Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especial para investigar los hechos, mientras el debate sobre la soberanía se intensifica ante reportes internacionales que vinculan a los fallecidos con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Expertos sugieren que estos incidentes revelan una preocupante falta de coordinación institucional y una tendencia de las agencias extranjeras a operar de manera directa en zonas de alta vulnerabilidad. Ante este escenario, el Gobierno de México reiteró que cualquier esquema de cooperación bilateral debe fundamentarse en el intercambio de información y la confianza mutua, rechazando cualquier forma de subordinación que comprometa la autonomía del Estado mexicano.
