Michael Chamberlin, presidente de Consultora Solidaria SC y experto certificado por Justice Rapid Response, calificó la respuesta del Estado mexicano a la ONU sobre el Rancho Izaguirre como predominantemente retórica. El documento, enviado el 4 de agosto, consta de 20 cuartillas que reiteran compromisos generales sin datos concretos, cifras ni plazos específicos. Además, omite un diagnóstico real de las desapariciones forzadas que persisten en el país.
El especialista destacó contradicciones entre los anuncios institucionales, como el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Forense y la Comisión Nacional de Búsqueda, y la ausencia de recursos efectivos. Chamberlin subrayó que el gobierno atribuye las desapariciones exclusivamente a la delincuencia organizada, sin reconocer la responsabilidad por aquiescencia estatal. Por ello, la réplica no aborda la falta de investigaciones ni la búsqueda sistemática de víctimas.
El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, vinculado a un centro de reclutamiento forzado y posible exterminio operado por el crimen organizado, motivó la intervención inédita de órganos ONU. Estos incluyeron el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que activó medidas cautelares y el artículo 34 de la convención internacional. Sin embargo, la respuesta mexicana evade la sistematicidad del fenómeno y las recomendaciones acumuladas.
