Por: Aylin Paredes
El 25 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por 291 votos a favor y 158 en contra la improcedencia del proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual. Este fallo ha sido condenado por víctimas de violencia sexual, quienes argumentan que el Congreso está permitiendo la impunidad en un contexto donde las mujeres, niñas, niños y jóvenes se encuentran sistemáticamente desprotegidos.
Las críticas se centran en la decisión de los legisladores de rechazar el desafuero, alegando que no son jueces ni ministerios públicos para tomar tal medida. Sin embargo, las víctimas y organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. han expresado su frustración al señalar que este tipo de decisiones no solo protegen a agresores como Blanco, sino que también contribuyen a la impunidad en aproximadamente 600,000 casos de abuso sexual, según datos oficiales. Además, denuncian que las carpetas de investigación se integran de manera deficiente y violando los derechos humanos de las víctimas.
El proceso en la Cámara Baja se vio marcado por irregularidades, como la negativa de permitir la participación de diputadas que se oponían a la resolución. La diputada Belinda Quiroz Gallegos, quien cedió su turno a Blanco Bravo, fue acusada de abuso de poder y misoginia por sus detractoras. De igual forma, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, también ha sido señalado por permitir que el proceso se desarrollara de manera parcial y sin dar voz a quienes cuestionaban la decisión.
