La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años. Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, cuando militares la agredieron cerca de un campamento instalado para operaciones contra el narcotráfico. La víctima falleció al día siguiente por las lesiones y la falta de atención médica oportuna, agravada por barreras lingüísticas al no contar con intérpretes en náhuatl.
El tribunal estableció que la agresión constituyó tortura intencional, con el propósito de intimidar y degradar a la víctima, y que el Estado incumplió su deber de investigar con debida diligencia, incorporando perspectivas de género, étnica y etaria. Además, los familiares enfrentaron obstáculos estructurales para acceder a la justicia, incluyendo presiones e intimidaciones, lo que vulneró sus derechos a la verdad e integridad personal. México violó así varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados relacionados.
Entre las reparaciones ordenadas figuran una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, atención médica y psicológica para los hijos de la víctima, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad. La sentencia también manda fortalecer servicios de salud con intérpretes indígenas y capacitar a funcionarios públicos, con el fin de prevenir futuras violaciones similares en contextos de discriminación interseccional.
