El Observatorio del Sistema de Justicia de la Universidad Iberoamericana reportó una caída drástica en la resolución de casos judiciales tras la implementación de la Reforma Judicial. En materia familiar, los asuntos concluidos disminuyeron hasta un 57.7 por ciento, mientras que en lo civil bajaron un 46 por ciento y en lo penal superaron la mitad de los registros previos. Esta parálisis, según el informe presentado por la académica Ana Laura Magaloni, derivó de la renovación de cargos mediante elecciones con solo 13 por ciento de participación ciudadana y uno de cada cinco votos nulos o en blanco.
La reforma, aprobada en septiembre de 2024 e impulsada por el Ejecutivo federal, introdujo la elección popular de jueces y magistrados, junto con la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar plazos de resolución. Sin embargo, el proceso generó una «curva de aprendizaje» que estancó expedientes en la Ciudad de México, donde la recepción de casos cayó un 61 por ciento y los asuntos familiares concluidos se redujeron más del 50 por ciento comparado con el año anterior. El rector Luis Arriaga Valenzuela enfatizó que esta medida no fortaleció la imparcialidad, sino que cambió el control de los tribunales sin abordar la impunidad en fiscalías locales.
El impacto recae en usuarios cotidianos, quienes enfrentan demoras que se perciben como sanciones, con testimonios de procesos que duran hasta 11 años y generan estrés emocional y pérdidas económicas. El Observatorio propone reconstruir desde los tribunales locales, que atienden el 96 por ciento de los conflictos, mediante procesos claros, uso de tecnología y renovación del 70 por ciento de cargos para 2027. Expertos como Magaloni advierten que el colapso profundiza el desamparo, ya que la reforma no corrigió prácticas arcaicas como cobros irregulares por copias de expedientes.
