La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma definitiva la granja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, Mérida, Yucatán, por incumplir siete medidas correctivas. La empresa, operada por el consorcio Kekén, descargó aguas residuales sin permiso y omitió caracterizar sus lodos, según un comunicado oficial. La clausura responde a denuncias de comunidades mayas y organizaciones civiles desde 2021, que señalaron afectaciones a la calidad de vida y al entorno.
Tras la clausura, la Profepa exige a la empresa elaborar un estudio de daño ambiental para reparar los impactos causados en la zona. Además, supervisará el desmantelamiento y abandono adecuado del sitio para evitar nuevos riesgos ambientales. Las inspecciones realizadas en 20 municipios yucatecos, como Muna, Kinchil y Tizimín, reflejan el compromiso de la dependencia con la justicia ambiental.
La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, destacó la importancia de este caso, que responde a años de lucha de las comunidades afectadas. La granja, con unas 72 naves y cerca de 60 mil cerdos, generó contaminación en suelos y cuerpos de agua. El cierre marca un precedente en la regulación de la industria porcícola en la Península de Yucatán.
