Indígenas tseltales de comunidades como Amador Hernández, Guanal, Plan de Guadalupe, Ibarra, Candelaria y Pichucalco, en la Cuenca del Río Perla, corazón de la Selva Lacandona, recorren hasta 10 horas a pie por senderos fangosos para llegar a sus hogares, según un reporte de Chiapasparalelo. La ausencia de caminos adecuados, sumada a la falta de servicios de salud y educación, persiste pese a demandas históricas iniciadas en el Congreso Indígena de 1974 y el alzamiento del EZLN en 1994. Las únicas alternativas de acceso son caminatas extensas o avionetas con costos de hasta 5 mil pesos por persona, inaccesibles para quienes dependen de la siembra de maíz y la cría de ganado.
En septiembre de 2025, pobladores se reunieron en Pichucalco para exigir soluciones, pero denunciaron la indiferencia de autoridades, incluida la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez, quien, a pesar de ser indígena tseltal y haber firmado compromisos en 2024, no responde a sus demandas. La población, conocida por su organización y hospitalidad, enfrenta condiciones de marginación agravadas por la dispersión de sus comunidades, rodeadas de ríos, lagunas y selva alta. La falta de infraestructura vial limita la llegada de médicos y maestros, afectando el desarrollo de la región.
La Selva Lacandona, con 1.8 millones de hectáreas y una biodiversidad que incluye jaguares y guacamayas rojas, sufre también amenazas como la deforestación y la presencia de crimen organizado, lo que complica aún más la situación de las comunidades. Los habitantes, que mantienen casas de madera impecables y tradiciones como la milpa, insisten en la necesidad de caminos para conectar poblados y facilitar servicios básicos, mientras la selva, un pulmón vital de México, enfrenta un deterioro continuo desde la década de 1970.
