El robo de gas LP, conocido como «gaschicol», ha experimentado un alarmante incremento en México durante los últimos años, afectando significativamente la economía y la seguridad del país. Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), en 2022 se registraron 2 mil 503 tomas clandestinas, estableciendo un récord histórico en este delito.
Este fenómeno ha generado pérdidas estimadas en 15 mil millones de pesos anuales para Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a la sustracción de aproximadamente 60 mil toneladas mensuales de gas LP.
Las entidades más afectadas por el gaschicol son Puebla, Veracruz, Estado de México y Tlaxcala, concentrando el 95.8 por ciento de las tomas clandestinas detectadas entre enero y agosto de 2023.
Este delito no solo impacta a Pemex, sino también a las empresas permisionarias de gas LP, que enfrentan competencia desleal y pérdidas económicas significativas. Además, se ha identificado la operación de autotanques robados o clonados que no están registrados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y operan de manera clandestina, exacerbando el problema.
El modus operandi de las bandas dedicadas al gaschicol implica la perforación de ductos para extraer el combustible, que posteriormente es distribuido en el mercado negro. Esta práctica no solo representa pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas a los ductos debido a la posibilidad de explosiones o fugas. La delincuencia organizada ha encontrado en el robo de gas LP un negocio lucrativo, diversificando sus actividades ilícitas tras el combate al huachicol de gasolina.
