El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) enfrentan un reto sin precedentes con la elección del Poder Judicial por voto popular, una reforma impulsada desde el Ejecutivo y aprobada con rapidez en un contexto de desgaste institucional. Esta nueva dinámica coloca a las autoridades electorales en una encrucijada: si la organización falla, se cuestionará su competencia; si tiene éxito, se argumentará que pueden operar con menos recursos y autonomía. En cualquier escenario, el árbitro electoral queda debilitado.
La situación es crítica para los OPLE, especialmente en las 19 entidades que renovarán sus poderes judiciales. Doce de ellas reportan presupuesto nulo para esta elección, mientras que Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas operan con menos del 35 por ciento de lo solicitado para el año. En Nayarit, el recorte alcanzó el 66.55 por ciento, y en estados como Chihuahua y Tamaulipas, las campañas locales coincidirán con las federales el 30 de marzo, sin recursos suficientes. Además, el INE enfrenta limitaciones técnicas, como la imposibilidad de usar boletas en braille por falta de fondos, y debe imprimir 600 millones de boletas, el doble que en elecciones regulares, para listas extensas de candidatos.
Por si fuera poco, las demarcaciones electorales no coinciden con las judiciales, lo que ha generado improvisación en la distribución de candidaturas. En la Ciudad de México se elegirán juzgados especializados de alcance nacional, lo que vulnera la igualdad de voto. Mientras tanto, la participación ciudadana se prevé baja, entre 8 y 15 por ciento, debido a la falta de información para evaluar a más de mil candidatos. Este diseño, lejos de fomentar un voto informado, parece favorecer decisiones de minorías organizadas.
La elección judicial pone a prueba la resiliencia del INE y los OPLE, cuyo profesionalismo será clave para sortear estas condiciones adversas. Sin embargo, el riesgo trasciende lo técnico: un árbitro electoral debilitado amenaza la democracia misma, en un momento donde la autonomía institucional es más necesaria que nunca.
