La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 354 votos a favor y 124 en contra, la nueva Ley de la Guardia Nacional, que transfiere la corporación de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La reforma, impulsada por Morena, PT y PVEM, establece un mando civil bajo la Presidencia, pero con estructura militar, y faculta a la Guardia Nacional para realizar tareas de inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas con autorización judicial.
La legislación permite transferencias de elementos entre la Guardia Nacional y el ejército por necesidades del servicio, sin consentimiento en algunos casos, y autoriza a militares en activo a solicitar licencias para contender por cargos de elección popular o desempeñar funciones civiles.
Morena defendió la reforma y aseguró que la Guardia Nacional mantendrá un carácter civil, con formación policial y respeto a derechos humanos, bajo la estrategia de seguridad diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Diputados como Julio César Moreno negaron la militarización y destacaron la coordinación con organismos civiles de inteligencia. La oposición insistió en que la ley compromete el equilibrio entre lo civil y lo militar, y Movimiento Ciudadano anunció que presentará un amparo tras concluir el proceso legislativo.
