Por Félix Villalobos
El Senado de la República aprobó una moción para cuestionar las declaraciones de Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, quien afirmó que en México existen desapariciones forzadas de manera “general o sistemática”. Con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Alta, liderada por el morenista Gerardo Fernández Noroña, acordó solicitar a Naciones Unidas la sanción del funcionario por lo que calificaron como aseveraciones “irresponsables y temerarias”. Además, exigieron que De Frouville se retracte de sus señalamientos.
La decisión se tomó durante una sesión ordinaria en la que Fernández Noroña, a nombre de la Mesa Directiva, expresó el “absoluto desacuerdo” del Senado con lo que consideró un “comportamiento sesgado” del titular del CED. Según el legislador, las declaraciones carecen de sustento y no reflejan la realidad del país, ya que el Estado mexicano no promueve ni tolera dichas prácticas. Anunció que el Senado recurrirá a las instancias más altas de la ONU para demandar medidas contra el funcionario, aunque aclaró que México mantendrá su colaboración con el organismo en materia de información y casos específicos.
El pronunciamiento responde a la activación, por parte del CED, del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo, anunciado el 4 de abril por De Frouville, busca investigar si las desapariciones en México son generalizadas o sistemáticas, lo que podría derivar en un análisis por la Asamblea General de la ONU. El Comité basó su decisión en información que considera “fundamentada”, tras años de señalamientos sobre la crisis de desapariciones en el país, que registra más de 127 mil personas no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La postura del Senado generó críticas desde la oposición y organizaciones civiles. La senadora priista Carolina Viggiano calificó el debate como una “vergüenza” y afirmó que las autoridades actuales han dedicado más tiempo a negar la realidad que a atender a las víctimas. Por su parte, el panista Marko Cortés acusó a Fernández Noroña de usar su cargo para emitir un posicionamiento personal en nombre de la institución. Familiares de desaparecidos y grupos como el Centro Prodh, Idheas y la Red TDT rechazaron la moción y pidieron al gobierno colaborar con el CED, en lugar de confrontarlo.
El Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, ya había rechazado las acusaciones del Comité días antes, al asegurar que no existe una política estatal de desapariciones forzadas. En un comunicado, reafirmaron su compromiso con los derechos humanos y su disposición a seguir proporcionando información al organismo internacional. La controversia se intensificó tras el hallazgo de fosas en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde el CED dictó medidas cautelares para proteger evidencias, lo que también fue cuestionado por las autoridades mexicanas.
