El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado el diseño de las boletas que se utilizarán en las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025. En estos comicios, los ciudadanos elegirán jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Las boletas estarán diferenciadas por colores según el cargo en disputa: morado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verde para el Tribunal de Disciplina Judicial, azul para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y naranja para las Salas Regionales del TEPJF. Además, se emplearán dos tamaños de boleta: tamaño carta para elecciones con más de 64 candidaturas y media carta para aquellas con menos de 64. Las candidaturas estarán ordenadas alfabéticamente y separadas por género, facilitando la identificación de los candidatos por parte de los votantes.
Sin embargo, la organización de estas elecciones enfrenta desafíos significativos. El INE ha solicitado una ampliación presupuestal de 1,500 millones de pesos para instalar 13,000 casillas adicionales a las 73,000 planeadas, implementar resultados preliminares y atender a repatriados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido al INE que justifique los gastos antes de aprobar la ampliación, ofreciendo 800 millones de pesos, mientras que los consejeros consideran crucial la ampliación completa para garantizar una elección auténtica.
Además, el INE mantiene una alerta de inseguridad en el 19% de las secciones electorales del país, aproximadamente 14,000 de las casi 72,000 secciones, debido a problemas relacionados con migración, delincuencia, problemas sociales, geográficos y apatía ciudadana. Esta situación complica la organización de los comicios, especialmente en un contexto de reducción presupuestaria.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha urgido al INE a definir rápidamente las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros, subrayando la importancia de establecer las normas que regirán la participación de partidos políticos y candidatos. La falta de claridad en el proceso podría permitir el oportunismo de candidatos que ya han promocionado sus candidaturas con recursos públicos, lo que añade presión al INE para garantizar la equidad en los comicios y evitar el uso indebido de recursos públicos.
