Las comisiones del Senado modificaron la propuesta presidencial de reforma a la Ley de Amparo, con cambios que facilitan el acceso colectivo y eliminan exenciones de multas a autoridades, ante la votación prevista en el pleno para este miércoles. La iniciativa busca modernizar el juicio con herramientas digitales y límites a suspensiones que afecten el interés público, según expertos consultados en audiencias. Oposición y juristas advierten riesgos para la defensa de derechos, pese al respaldo mayoritario de Morena.
Las comisiones unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda aprobaron ajustes al dictamen original, que la presidenta Claudia Sheinbaum envió el 15 de septiembre, con el fin de precisar el interés legítimo en el artículo 5 de la ley, sin exigir lesión actual o beneficio directo. De esta forma, se amplía el plazo para fallos en amparos indirectos de 60 a 90 días, y se obliga a las autoridades a generar usuarios electrónicos en el portal judicial para promover la justicia digital. Además, se suprime la exención penal por incumplimiento de amparos debido a imposibilidades jurídicas o materiales, lo que fortalece la ejecución de sentencias.
Expertos en audiencias del 29 y 30 de septiembre expresaron preocupaciones sobre restricciones a suspensiones que impacten el orden público, aunque el dictamen mantiene exenciones de garantías para entidades públicas y exige cartas de crédito en créditos fiscales. Dentro de Morena, figuras como Javier Corral defendieron precisiones para evitar abusos, mientras Adán Augusto López Hernández adelantó la aprobación rápida en el pleno. La oposición, por su parte, critica que la reforma limite el acceso a la justicia en casos sensibles, como disputas fiscales o ambientales.
