La discusión del nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados ha encendido las alarmas entre especialistas del sector. Aunque el proyecto actual presenta ajustes significativos en comparación con su versión original —logrando corregir el binomio agua-tierra, asegurar los procesos sucesorios de concesiones y clarificar el uso agropecuario—, persisten vacíos estructurales que comprometen su viabilidad. Expertos como Óscar Ocampo, del IMCO, y el exdirector de la Conagua, José Luis Luege, advierten que la propuesta mantiene una peligrosa centralización de facultades en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), eliminando la autonomía de los 13 organismos de cuenca regionales y aumentando el riesgo de una gestión discrecional del recurso.
Aunado a esta concentración de poder, el punto más crítico señalado por la academia y la consultoría técnica es la absoluta carencia de un soporte presupuestal que respalde la narrativa del agua como un derecho humano. Las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda revelan una realidad contradictoria: el presupuesto aprobado para la Conagua sufrió un recorte del 43% para 2025, pasando de más de 65 mil millones de pesos en 2024 a apenas 37 mil 119 millones para el ejercicio actual. Esta descapitalización institucional ocurre mientras el dictamen omite mecanismos de financiamiento para infraestructura, monitoreo y tecnificación, elementos indispensables para que el acceso al vital líquido deje de ser una declaración de principios y se convierta en una realidad operativa para la población.
Bajo este panorama, la reforma plantea un esquema de «reasignaciones» controladas directamente desde las oficinas centrales, sustituyendo la transmisión de concesiones entre particulares por un fondo de reserva administrado por la autoridad. Si bien el discurso oficial promueve que el agua deje de ser vista como una mercancía, los críticos sostienen que, sin inversión en obras hidráulicas y sin una gestión cercana a las realidades locales de las cuencas, la ley será inoperante. La falta de una visión de largo plazo y la ausencia de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación sugieren que la nueva legislación podría nacer con limitaciones severas para resolver problemas de fondo como la sobreexplotación y el desabasto nacional.
