El senador Ricardo Anaya alertó que el dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, aunque elimina el controvertido artículo 109, conserva disposiciones que podrían facilitar la censura, el espionaje y la vulneración de derechos fundamentales. En un pronunciamiento, el legislador panista urgió a revisar a fondo el documento para evitar que se apruebe en un periodo extraordinario sin corregir sus aspectos más graves.
Anaya destacó que el artículo 8, fracción 62, vinculado a las fracciones 60 y 216, otorga a una sola persona en la agencia reguladora la facultad de ordenar la suspensión inmediata de cualquier transmisión. calificando esta medida como propia de un régimen autoritario y contraria a los principios democráticos.
El senador también señaló que el artículo 8, fracción 64, reintroduce el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, una disposición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en 2022. Este apartado permite a la agencia establecer lineamientos que podrían incluir datos biométricos e información personal, lo que abriría la puerta a extorsiones masivas, espionaje y acceso indebido a datos por parte de criminales o el propio gobierno.
Otro punto crítico, según Anaya, es la geolocalización sin orden judicial, que permitiría al gobierno conocer en tiempo real la ubicación de los ciudadanos, junto con su nombre, dirección y datos biométricos. El legislador cuestionó si los mexicanos desean vivir en un país donde el Estado tenga ese nivel de control sobre su privacidad.
Anaya criticó la propuesta de transformar el órgano regulador en una entidad desconcentrada, subordinada a la agencia, en lugar de un organismo constitucional, autónomo y colegiado, como recomienda la mejor práctica internacional. Advirtió que el dictamen no especifica cómo se nombrarán los comisionados ni garantiza su independencia.
El senador reconoció avances en la reforma, pero insistió en que celebrar la eliminación del artículo 109 sin abordar estas disposiciones sería un error. Instó a no aprobar el dictamen de manera apresurada, pues, de convertirse en ley, sus efectos serían difíciles de revertir. La organización civil R3D, citada por Anaya, ha expresado preocupaciones similares sobre los riesgos de estas medidas para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Por último, el legislador llamó a los senadores a analizar a fondo el dictamen para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos.
