Empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, junto con comités ciudadanos de seguridad pública, acusan a la FGE y al Gobierno de Baja California de manipular cifras sobre delitos como robos, extorsiones, homicidios y desapariciones forzadas, según una minuta de junio de 2024 que detalla estrategias para reclasificarlos de Número Único de Caso (NUC) a Número de Atención Ciudadana (NAC).
Octavio Sandoval López, presidente del CCE en Mexicali, ejemplifica con el robo de baterías, que requiere factura para registrarse como delito, mientras que Ángel Zaizar Prado, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública municipal, revela ausencias de NUC en revisiones de casos empresariales, lo que implica cambios en registros hasta evitar detenciones. Roberto Quijano Sosa, del Consejo Ciudadano estatal, invalida los datos oficiales por su evidente alteración, en un contexto donde Baja California lidera rankings nacionales en desaparecidos, feminicidios y violencia familiar.
La supuesta estrategia incluye instrucciones en chats de la FGE para no registrar fraudes, suplantaciones de identidad y extorsiones no mediáticas como NUC, además de omitir seis mil desapariciones forzadas entre 2019 y 2025 en las cuentas de homicidios dolosos, lo que genera impunidad al enterrar víctimas lejos de los sitios de ejecución. Sandoval López califica esta omisión como indigna para las familias afectadas, ya que prioriza la simulación de reducción delictiva sobre la sanación real. Zaizar Prado subraya que los delincuentes explotan nichos de impunidad bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal, donde clasificaciones como Reporte Único de Carpeta (RUC) o Requerimiento de Atención Ciudadana (RAC) diluyen la incidencia oficial.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda rechaza las denuncias y afirma que las cifras no admiten maquillaje, pues los homicidios siempre generan NUC, alineados con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indican una baja. La fiscal general María Elena Andrade Ramírez corrobora la ausencia de confusiones en los números anunciados y remite a pruebas institucionales para validar la transparencia. Quijano Sosa insiste en no reconocer tales datos, lo que cuestiona la confianza en las autoridades ante la persistente percepción de inseguridad en la región.
