La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche solicitó el desafuero del senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por el presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador de 2015 a 2019. La petición, presentada ante la Cámara de Diputados, se basa en cuatro carpetas de investigación judicializadas que lo acusan de peculado y uso indebido de atribuciones. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que dos personas, presuntamente prestanombres, desviaron recursos públicos mediante servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades buscan que Moreno enfrente un proceso penal sin la protección de su fuero.
Otro caso vinculado implica la contratación de una empresa de buceo que brindó asesoría jurídica y fiscal a la Administradora Portuaria Integral de Campeche, entonces presidida por Moreno. MCCI reportó que no existen documentos que acrediten la ejecución de dichos servicios, lo que refuerza las acusaciones de operaciones simuladas. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Moreno por posibles delitos de tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, relacionados con un desfalco de 3,800 millones de pesos al erario de Campeche. Estas indagatorias se suman a las denuncias previas sobre el uso de empresas fantasma durante su administración.
La detención de Walter J.O.V., exvocero de Moreno, y Antonio A.O., exfuncionario de su gobierno, en Mérida, Yucatán, por el desvío de 16 millones de pesos en publicidad no pagada, intensifica el escrutinio sobre su gestión. Ambos enfrentan cargos por peculado y uso indebido de atribuciones. Las investigaciones sugieren que los recursos desviados se destinaron a fines distintos a los autorizados, y las autoridades examinan propiedades de lujo vinculadas a los acusados. Moreno, quien se dice perseguido políticamente, no ha emitido comentarios recientes sobre estas nuevas acusaciones.
