El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos por presunta participación en una conspiración de narcotráfico y delitos con armas junto al Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de los Chapitos. Las autoridades estadounidenses, a través del fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, detallaron que los imputados utilizaron sus cargos públicos para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, el exvicefiscal Dámaso Castro Záavedra, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el comandante de la Policía Municipal de esa ciudad, Juan Valenzuela Millán. Según la acusación, proporcionaron información sensible sobre operativos, protegieron cargamentos de droga y, en algunos casos, recibieron pagos mensuales del cártel a cambio de protección y alerta sobre investigaciones. Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.
Los imputados, que residen en México, se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio. Esta acción forma parte de una serie de acusaciones contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa desde 2023, en un contexto de mayor presión bilateral contra la corrupción que facilita el trasiego de drogas. El caso se asignó a la jueza Katherine Polk Failla.
