Activa ONU por primera vez procedimiento contra México por crisis de desaparecidos

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó este viernes 4 de abril de 2025, por primera vez en México, un procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ante la crisis de desapariciones que afecta al país. La medida responde a indicios de que este fenómeno se practica de forma “generalizada o sistemática”, según informó el organismo en un comunicado. El CED expresó su preocupación por el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un predio presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de exterminio, y solicitó al Estado mexicano acciones inmediatas para resguardar pruebas, garantizar la participación de familiares en las investigaciones y proteger a los colectivos de búsqueda que enfrentan amenazas.
La decisión del CED surge tras una petición de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora, quienes alertaron sobre el riesgo de daño irreparable a las evidencias en el rancho, donde se localizaron restos óseos y objetos personales. El Comité pidió al gobierno mexicano analizar genéticamente los restos, compararlos con perfiles de personas desaparecidas, resguardar el predio y realizar un análisis de contexto para identificar patrones y responsables. El procedimiento del artículo 34 permite que, si México no entrega información suficiente, el caso escale a la Asamblea General de la ONU, un paso que podría derivar en mayor presión internacional. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta más de 126 mil casos sin resolver al cierre de marzo de 2025, una cifra que refleja la magnitud de la problemática.
El rancho Izaguirre, descubierto en febrero de 2025 por colectivos de búsqueda, destapó una nueva dimensión de la crisis al revelar decenas de cuerpos y evidencias que apuntan al CJNG, según fuentes de la Fiscalía de Jalisco citadas por El Financiero. La ONU destacó los obstáculos que enfrentan las familias para acceder a la investigación y las represalias contra buscadores, quienes denunciaron ataques a pesar de contar con medidas de protección. En respuesta, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, afirmó que colabora con el CED y que presentará un informe detallado, aunque no precisó plazos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México lleva años documentando la impunidad y la falta de coordinación institucional como factores clave en la persistencia de las desapariciones.
Organizaciones como Causa en Común señalaron que, entre 2006 y 2024, se registraron más de 107 mil desapariciones, con un pico durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que cerró con 53 mil casos. El CED subrayó la necesidad de romper los “pactos de impunidad” y fortalecer instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, que enfrenta críticas por su bajo presupuesto y limitada capacidad operativa. Este procedimiento marca un precedente en la intervención de la ONU en México, donde la violencia ligada al crimen organizado y la presunta complicidad de autoridades agravan una crisis que, según expertos, requiere voluntad política y recursos para avanzar en la identificación de víctimas y el castigo a los responsables.