Ricardo Colorado, defensor de tres de las 18 personas retenidas en la Coordinación Territorial 1 de la Alcaldía Cuauhtémoc, acusó a las autoridades de capturas sin fundamento y aislamiento prolongado de sus clientes durante la manifestación juvenil. Los afectados acumularon hasta 27 horas sin contacto familiar, lo que viola el derecho a la llamada inmediata. Colorado exigió la liberación pronta con base en pruebas que demuestran la ausencia de violencia en su participación.
El letrado relató que transitó por Tlalpan hacia Pino Suárez tras el cierre del Metro y presenció familias enteras junto a sociedad civil, incluso visitantes extranjeros, sin rastro de acarreo organizado ni destrozos por parte de los suyos. Acusó montajes con certificados médicos falsos de 15 días para imputar tentativa de homicidio, delito de prisión preventiva oficiosa por la reforma de diciembre pasado. Tales maniobras, advirtió, erosionan la fe en el sistema judicial, similar a casos periodísticos absueltos previamente.
Colorado instó a familiares de ausentes post-marcha a acudir a Cuauhtémoc II para indagar con el Ministerio Público, pues algunos detenidos como Gabriel tardaron cinco horas en localizarse mediante terceros. Sus defendidos incorporan evidencias para evitar judicialización y restaurar el derecho a protestar contra políticas cuestionadas. La sociedad, subrayó, merece respuestas que preserven la confianza en el gobierno ante exigencias legítimas de cambio.
