La Fiscalía General de la República formuló imputación contra Javier Duarte por el delito de peculado, relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos de recursos federales destinados a apoyo para personas con discapacidad. El abogado defensor, Diego Uriza, declaró que la acusación inició en 2016 y se judicializó curiosamente cuando faltaban dos meses para que su cliente obtuviera la libertad anticipada tras cumplir nueve años de prisión por otros delitos. Durante la audiencia, la FGR presentó 38 datos de prueba, aunque la defensa sostiene que solo tres mencionan a Duarte y uno genera dudas razonables.
Uriza acusó directamente a la Fiscalía de contar con una encomienda clara para justificar la permanencia de Duarte en prisión y evitar su salida pronta. Argumentó que el expediente se integró al vapor y que la imputación persigue fines más allá de lo estrictamente jurídico, en medio de un litigio prolongado en medios sobre la legalidad de los procesos acumulados. La defensa anticipó que desvirtuará el valor probatorio de las manifestaciones clave, incluidas aquellas de testigos que buscaban beneficios personales mediante delación.
El juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador, y la continuación de la audiencia para resolver su vinculación a proceso se programó para el martes siguiente. La defensa planea hacer valer sus argumentos en esa diligencia, donde insistirá en la debilidad de las pruebas y en la naturaleza política del nuevo proceso penal.
