La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la ley aprobada el lunes 30 de marzo por la Knesset, que establece la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por defecto para palestinos en Cisjordania condenados por tribunales militares por ataques calificados como terrorismo que causen la muerte de israelíes. Volker Türk, titular del organismo, declaró que su aplicación en el territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra, porque resulta discriminatoria y vulnera garantías fundamentales del debido proceso, además de contravenir obligaciones de Israel bajo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La medida modifica la legislación militar aplicable en Cisjordania y elimina discrecionalidad judicial en tales casos.
Expertos de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional coinciden en que la norma profundiza un sistema de dos vías judiciales, pues no se aplica de igual forma a ciudadanos israelíes ni a colonos en los territorios ocupados. La legislación reduce salvaguardas procesales y plantea riesgos de ejecuciones arbitrarias, en un contexto donde Israel no ha aplicado la pena capital desde 1962, salvo en el caso histórico de Adolf Eichmann. La Oficina de Derechos Humanos instó a las autoridades israelíes a derogar de inmediato la ley para evitar violaciones adicionales al derecho a la vida y al principio de no discriminación.
La aprobación ocurrió con el voto favorable del primer ministro Benjamin Netanyahu y de legisladores de la extrema derecha, entre ellos Itamar Ben Gvir, quien impulsó la iniciativa. Gobiernos europeos y entidades internacionales expresaron preocupación por el carácter selectivo de la medida, que según analistas refuerza desigualdades en el acceso a la justicia para la población palestina bajo ocupación. La ONU mantiene su oposición absoluta a la pena de muerte en todas las circunstancias y reitera que cualquier aplicación en este marco legal agravaría las tensiones en la región.
