La primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre y liberó a 20 rehenes israelíes vivos a cambio de 250 presos palestinos, según fuentes diplomáticas. Sin embargo, ambos bandos se acusan mutuamente de violaciones, con al menos 350 palestinos muertos en ataques israelíes desde entonces, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. Mediadores como Egipto y Qatar insisten en extender la fase uno mientras avanzan las pláticas para la segunda etapa, que incluye desarme y reconstrucción.
El plan de 20 puntos propuesto por el presidente Donald Trump contempla una retirada gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel hasta la línea amarilla, aunque tropas mantienen control sobre el 53 por ciento del territorio gazatí, lo que genera fricciones con Hamás. La ONU aprobó la resolución 2803 para respaldar una fuerza internacional de estabilización y una junta de paz, pero Netanyahu rechazó concesiones sobre un Estado palestino previo al desarme total del grupo armado. Delegaciones en El Cairo, con visitas de Shin Bet y líderes de Hamás, reportan estancamiento por demandas irreconciliables en gobernanza y fronteras.
La ayuda humanitaria fluye a través de Rafah con 600 camiones diarios, insuficiente para cubrir el 80 por ciento de edificios destruidos y el desplazamiento del 90 por ciento de la población, advierte Unicef con dos niños muertos por día en condiciones precarias. Trump conversó con Netanyahu para ampliar el pacto, mientras la Autoridad Palestina presiona por su rol en la administración transitoria bajo supervisión internacional. Expertos en derecho internacional cuestionan demoliciones de mil 500 estructuras por posibles infracciones a leyes de guerra, aunque el Ejército israelí las justifica como remoción de infraestructura terrorista.
