La defensa jurídica de Juan Antonio Vera Carrizal informó que este viernes un tribunal federal determinará si la boleta de libertad obtenida en 2025 por el empresario oaxaqueño fue emitida conforme a derecho o si deberá ser revocada, resolución que podría modificar de manera inmediata su situación jurídica dentro del proceso penal que enfrenta por el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
Durante una conferencia de prensa realizada en los juzgados federales de San Bartolo Coyotepec, el abogado Edgar López García señaló que la resolución será determinante para definir si Vera Carrizal puede recuperar su libertad o si continuará recluido mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con el caso.
El litigante explicó que la defensa sostiene que la boleta de libertad otorgada previamente a su cliente fue emitida de manera legal, por lo que esperan que el tribunal federal confirme su validez y se active de inmediato el documento que permitiría la salida del empresario del penal donde permanece internado.
Indicó que, en caso de que los magistrados consideren inválida dicha boleta, Juan Antonio Vera Carrizal continuará privado de su libertad y el proceso judicial seguirá su curso ante las autoridades federales correspondientes.
Edgar López García aseguró que existe preocupación por presuntas intervenciones externas dentro del proceso judicial, luego de que, según dijo, el presidente del Órgano de Administración de Justicia del Poder Judicial Federal, Néstor Vargas Solano, citó a la magistrada Brisa Albores Medina en oficinas de la Ciudad de México los días 20 y 21 de mayo.
De acuerdo con la defensa, esa situación provocó que una sesión programada previamente no pudiera realizarse, lo cual generó sospechas entre los abogados de Vera Carrizal sobre posibles presiones para influir en el sentido de la resolución.
“Esperemos que este mensaje llegue a la presidenta Claudia Sheinbaum y que este funcionario no intervenga en decisiones judiciales”, expresó Edgar López García, quien insistió en que el caso debe resolverse únicamente conforme a derecho y sin presiones políticas.
El abogado sostuvo además que Juan Antonio Vera Carrizal fue declarado inocente el 14 de agosto de 2024; sin embargo, afirmó que continúa en prisión debido, según su postura, a intereses políticos y a intervenciones de actores vinculados al sistema de justicia estatal.
En ese sentido, mencionó directamente a Berenice Ramírez, exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y a su esposo Juvenal Díaz, a quienes acusó de intervenir para evitar que su cliente obtenga la libertad pese a resoluciones judiciales que, afirmó, previamente favorecían al empresario.
La defensa reiteró que las decisiones judiciales en torno al caso han estado marcadas por factores políticos y mediáticos, por lo que pidió que el tribunal federal actúe con imparcialidad y garantice el respeto al debido proceso.
No obstante, Juan Antonio Vera Carrizal permanece recluido debido a que la Fiscalía General del Estado lo señala como presunto autor intelectual del ataque con ácido perpetrado en septiembre de 2019 contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, agresión que le provocó severas lesiones físicas y múltiples cirugías reconstructivas.
El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos en Oaxaca y a nivel nacional debido a la gravedad de la agresión y a las exigencias de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos para que se castigue a todos los responsables.
Cabe recordar que Vera Carrizal había obtenido previamente una resolución favorable por parte del juez José Gabriel Ramírez Montaño para alcanzar su libertad, situación que provocó polémica y derivó en revisiones internas e investigaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
La resolución generó críticas de organizaciones civiles y de la propia María Elena Ríos, quien en diversas ocasiones ha denunciado presuntas irregularidades dentro del proceso judicial y ha exigido que no exista impunidad en el caso.
Será este viernes cuando las autoridades federales determinen finalmente si la boleta de libertad concedida a Vera Carrizal mantiene validez jurídica o si queda sin efecto, decisión que podría marcar un nuevo rumbo dentro de uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en Oaxaca.
