A dos meses de que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuera abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo un hermetismo persistente sobre el avance de las investigaciones. Hasta el momento, el aparato judicial de la federación solo logró la vinculación a proceso de dos escoltas del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes fueron detenidos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, el destino de las más de 50 carpetas de investigación abiertas por la ola de violencia que sacudió a 20 estados tras el operativo permanece en la incertidumbre, sin que se hayan reportado nuevas detenciones o progresos significativos en las indagatorias por delincuencia organizada.
La parálisis institucional se vio agravada por una serie de contradicciones sobre la preservación de la escena del crimen. A pesar de que las fuerzas federales aseguraron la zona el pasado 22 de febrero, la FGR reconoció recientemente que no resguardó de inmediato las cabañas donde se ocultaba el líder criminal, argumentando falta de condiciones de seguridad. Esta demora permitió que personas ajenas a la investigación ingresaran al inmueble, lo que provocó la ruptura de la cadena de custodia de documentos clave, como la presunta “narconómina” del grupo delictivo. Como consecuencia técnica, dicha evidencia perdió validez legal, impidiendo que el Ministerio Público pueda utilizarla para sustentar acusaciones formales contra los servidores públicos de diversos niveles que aparecían mencionados en los registros.
Finalmente, el silencio de la institución que encabeza Ernestina Godoy deja sin respuesta las interrogantes sobre la magnitud de la red de protección institucional del CJNG. Mientras que los escoltas Andrés “N” y Genaro “N” enfrentan prisión preventiva en el penal del Altiplano, la Fiscalía no ha aclarado si existen alternativas legales para investigar la sustracción de evidencia o si se sancionará la omisión de los funcionarios que permitieron la contaminación del lugar. Este escenario de inacción no solo enfría los expedientes derivados del abatimiento del capo, sino que posterga el esclarecimiento de las agresiones que cobraron la vida de 60 personas y dejaron decenas de heridos en gran parte del territorio nacional.
