El ingeniero civil Saturnino Ventura Benítez hizo pública una denuncia por negligencia médica grave en contra del doctor Hugo Ramírez Luna, tras una intervención quirúrgica realizada en julio de 2013 en el Hospital Florencia de la ciudad de Oaxaca. De acuerdo con el testimonio del afectado, ingresó por su propio pie para una cirugía de descompresión de vértebras cervicales; sin embargo, la mala práctica y la colocación de una placa inadecuada derivaron en una lesión medular permanente. Esta condición lo dejó inicialmente parapléjico y, tras una segunda intervención correctiva en la Ciudad de México, con secuelas irreversibles que lo mantienen confinado a una silla de ruedas y con la pérdida de movilidad en su costado izquierdo.
Aunado al daño físico, el agraviado señaló una serie de irregularidades y lentitud en el sistema de procuración de justicia estatal. Aunque la denuncia penal fue presentada en 2016 ante la Fiscalía General del Estado, el proceso ha enfrentado el extravío de evidencias y la emisión de un ejercicio de no acción penal que tuvo que ser impugnado y revocado. No fue sino hasta agosto de 2024 cuando el Juez Tercero de lo Penal en Tanivet dictó una orden de aprehensión contra el médico señalado. No obstante, el especialista ha evadido la justicia mediante recursos de amparo que, si bien han sido negados en diversas instancias y tribunales federales, le han permitido permanecer en libertad y en calidad de prófugo.
Finalmente, Ventura Benítez enfatizó el impacto devastador que este proceso ha tenido en su patrimonio y entorno familiar, tras invertir 25 años de ahorros profesionales en gastos médicos que superan el millón y medio de pesos. El denunciante rechazó en su momento una oferta de reparación del daño por 350 mil pesos por parte del médico, al considerarla insuficiente frente al daño irreparable provocado. Con el respaldo de dictámenes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la víctima hizo un llamado a las autoridades para que se ejecute la ley, bajo la premisa de que una justicia que se posterga por más de una década deja de ser efectiva para quienes sufren las consecuencias de la impunidad.
