Pobladores de San Juan del Estado alzaron la voz para exigir a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) que intervenga de manera inmediata y frene el incremento no autorizado en la tarifa del transporte en taxis foráneos, el cual, aseguran, está programado para aplicarse a partir del próximo 5 de abril.
De acuerdo con las denuncias, el costo del pasaje pasaría de 25 a 35 pesos, un aumento que, afirman, no ha sido avalado por la autoridad competente ni comunicado formalmente a los usuarios, acción que causó inconformidad y molestia entre la población que depende diariamente de este servicio para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.
Los habitantes señalaron que este incremento representa un golpe directo a la economía familiar, especialmente en comunidades donde el transporte público es una necesidad básica y no existe una amplia oferta de alternativas.
A la par del rechazo al aumento, usuarios también denunciaron el deficiente servicio que brindan diversas unidades, señalando irregularidades como malas condiciones mecánicas, exceso de pasajeros, falta de medidas de seguridad y trato inadecuado por parte de algunos operadores.
Ante este panorama, los inconformes pidieron a la SEMOVI no solo cancelar el alza en la tarifa, sino también realizar operativos de supervisión para verificar que las unidades cumplan con la normatividad vigente. En caso contrario, solicitaron la revocación de concesiones a quienes operen fuera de la ley o no garanticen un servicio digno y seguro.
En redes sociales, la situación también generó una ola de reacciones, donde usuarios ironizaron sobre la falta de autorización oficial para el incremento. Entre los comentarios que circularon, destacó uno que resume el sentir ciudadano: “Faltó el permiso y la firma de Diosito”, acompañado de emojis de burla, evidenciando el rechazo generalizado hacia la medida.
Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad no ha emitido una postura oficial sobre este incremento, mientras que la población continúa en espera de una respuesta que garantice tarifas justas y el respeto a la legalidad en el servicio de transporte público.
