Ante el aumento del contrabando de cigarros de procedencia ilícita, que podrían alcanzar la venta de 40 millones diarios en el país, el senador Antonino Morales presentó un punto de acuerdo para que el Senado solicite a las autoridades intensificar las acciones para prevenir y erradicar la introducción ilegal y el comercio.
De igual forma, se propone que el Senado exhorte a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a que, en el ámbito de sus competencias, implemente una estrategia para identificar puntos de venta en todo el país, se verifiquen y se sancionen conforme a la norma aplicable, incluyendo a los dueños de tienditas que pueden ser acusados de contrabandistas.
El senador presentó una estadística de la situación, según la cual, al entrar en vigor la Ley de Ingresos de la Federación y el llamado “impuesto saludable” a productos no saludables que provocan enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes, entre otras, aumentó el delito de contrabando de cigarros ilegales.
Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la aplicación del impuesto elevó el costo de las cajetillas entre 15 y 20 pesos, para venderse ahora en 100 pesos y el dirigente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, advierte que el fenómeno ya alcanzó niveles alarmantes pues de cada 10 cigarros que se venden en México, al menos tres son de contrabando.
A su vez, un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en México ya se venden diariamente más de 40 millones de cigarros pirata, práctica que además de alimentar redes de contrabando, provoca pérdidas fiscales estimadas en hasta 26 mil 700 millones de pesos anuales, según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
Mencionó también el estudio titulado “Cigarros ilegales y crimen organizado”, elaborado por el Colegio de México, con base en datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), donde se señala que la venta ilegal de cigarros en ocho ciudades mexicanas aumentó 240% en menos de diez años, lo que refleja la expansión de este mercado fuera de la regulación formal.
“Sin restarle importancia a lo ya señalado, lo más importante no es la afectación económica, sino el impacto en la salud de los consumidores”, asentó, pues la Profeco ha documentado que algunos cigarros piratas sustituyen el tabaco con arcilla, madera o materiales con plomo, elevando el daño potencial”.
El senador Morales Toledo dijo que el problema no es el impuesto saludable en sí, sino el contrabando de cigarrillos y su incremento, afectando la salud pública y la recaudación fiscal del Estado, que dispuso la obligatoriedad de contar con un código de seguridad fiscal por cajetilla, único e irrepetible como elemento para acreditar el pago de impuesto.
De no contar con el sello, se considera contrabando y las personas que venden cigarros piratas, por ende, son contrabandistas.
Destacó que es de reconocer los esfuerzos de la autoridad para inhibir este ilícito, como el reciente decomiso de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de 37 embarques de cigarrillos piratas entre el pasado 19 de septiembre y el 28 de enero de este año de 88.78 toneladas y más de 55 millones de piezas de cigarrillos pirata, con un valor estimado superior a 400 millones de pesos en el mercado negro.
No obstante, es necesario que el Senado exhorte a la Cofepris, a las Secretarías de Salud, de Hacienda y la de Economía a que, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo acciones para prevenir y erradicar el contrabando y el comercio de cigarros ilegales.
Igualmente, a la Cofepris a implementar una estrategia a nivel nacional para identificar puntos de venta de cigarros ilegales, se verifiquen y se sancionen conforme a la norma aplicable.
