Las autoridades del sector salud de Oaxaca y la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) confirmaron la investigación abierta contra Martha Juan Olivera Arellanes, ex responsable estatal del Subsistema Nacional de Nacimientos (SINAC) del Departamento de Información en Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). La exfuncionaria es señalada por la presunta venta ilegal de certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal, en presunta colusión con personal del Registro Civil del Gobierno del Estado. Fuentes oficiales de ambas instancias detallaron que los hechos se investigan con rigor para determinar el alcance de la irregularidad.
De acuerdo con los avances de la pesquisa, la comercialización se intensificó tras la puesta en marcha de un programa federal en 2020, durante la pandemia de Covid-19, que buscaba agilizar la entrega de documentos a las familias. En 2023 se detectaron más de 500 certificados de defunción expedidos sin médicos certificadores, los cuales se habrían vendido entre 5 mil y 10 mil pesos cada uno. Las autoridades presumen que estos documentos pudieron utilizarse en procesos judiciales fraudulentos ante el Ministerio Público o para el cobro indebido de seguros de vida. Además, los formatos llegaron a despachos de abogados, clínicas particulares, empresas aseguradoras y servicios funerarios, quienes obtenían ganancias con los papeles oficiales.
Por otro lado, el 3 de febrero de 2026 la Fiscalía General de Oaxaca informó la detención de dos empleados del Registro Civil por falsificación y alteración de documentos, hechos que podrían vincularse a la misma red de irregularidades, particularmente con la venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes. En paralelo, la Sección 35 del SNTSA dio a conocer que Martha Juan Olivera Arellanes fue destituida como delegada sindical en la Dirección de Planeación y Desarrollo de los SSO desde 2019, tras múltiples quejas de trabajadores por cobros indebidos, acoso laboral, amenazas, despojo de plazas y procesos escalafonarios manipulados. También se le atribuye la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de su cargo para obtener un código profesional como Técnico en Estadística en Área Médica. La investigación continúa en curso.
