La Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 y vigente desde el 20 de enero, incorpora por primera vez el término “personas recicladoras de base o pepenadoras”. Define a estas personas como aquellas que, de forma independiente o colectiva, realizan la recolección, separación manual, comercialización y reciclaje de materias primas secundarias. Además, introduce el concepto de “reciclaje inclusivo”, mediante el cual se reconoce su aportación ambiental, social y económica en la cadena de valor de los residuos.
La norma, aprobada con consenso total en el Congreso, representa un avance histórico para un sector que opera en condiciones de precariedad y ha permanecido invisible en la legislación nacional. Abel Balderas, fundador del Movimiento Nacional de Recicladores de Base, califica la inclusión como un primer paso para validar una labor que miles de personas realizan diariamente en todo el país. El reconocimiento abre la puerta a posibles derechos laborales y a modelos de gestión que promueven su integración formal.
Personas recuperadoras celebran el cambio normativo y exigen que derive en beneficios concretos, como compensaciones por su impacto positivo en el medio ambiente. La ley establece mecanismos para transitar hacia una economía que priorice la prevención de residuos y la valorización de materiales, pero requiere implementación efectiva para traducir el reconocimiento en mejoras tangibles para el sector informal.
