Un Tribunal Colegiado otorgó una suspensión definitiva que obligó a las autoridades ambientales a verificar, inspeccionar y proteger los ecosistemas ante las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya. Esta resolución, dada a conocer durante la jornada por el colectivo Sélvame MX, instruyó específicamente a la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas para que ejercieran sus facultades de conservación en la zona afectada. El fallo judicial representó un mandato directo para que las instituciones federales no ignoren las denuncias ciudadanas y aseguren que el desarrollo de la infraestructura no atropelle la riqueza natural del territorio.
Aunado a lo anterior, el colectivo subrayó que este dictamen constituyó un avance significativo en la atención de las quejas públicas sobre posibles daños ecológicos. Guillermo DChristy, integrante de la organización, calificó la decisión como un paso firme en la defensa del territorio, señalando que el cuidado de los sistemas ambientales no puede ser una omisión voluntaria por parte del Estado. Según lo expuesto por el activista, esta medida no solo se limitó a un triunfo legal, sino que funcionó como un recordatorio de que la sociedad civil organizada tiene la capacidad de incidir en la protección de los derechos de la naturaleza frente a proyectos de gran escala.
Finalmente, la organización ambientalista hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la vigilancia y la participación activa en el monitoreo de las obras. Al considerar que este logro garantizó mecanismos de supervisión que antes se percibían laxos, el movimiento reafirmó su postura de buscar un modelo de desarrollo que sea compatible con el respeto a la vida y la biodiversidad. Con esta suspensión, las autoridades quedaron vinculadas legalmente a realizar actos de inspección exhaustivos, marcando un precedente en la fiscalización ambiental de los megaproyectos en curso.
