El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó un contrato para la producción de una miniserie informativa sobre la elección judicial a un proveedor señalado por irregularidades financieras. Investigaciones periodísticas vinculan al responsable del proyecto con esquemas de fraude y redes de empresas fantasma utilizadas para el desvío de recursos públicos. Esta asignación ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, donde la transparencia en el uso del presupuesto destinado a la reforma del Poder Judicial resulta fundamental.
La miniserie busca difundir los pormenores del proceso electivo de jueces y magistrados, sin embargo, la elección del contratista genera cuestionamientos sobre los filtros de fiscalización internos. Registros oficiales indican que el productor mantiene antecedentes por incumplimiento de contratos previos y simulaciones fiscales detectadas por autoridades tributarias. A pesar de estas advertencias, la administración del Instituto procedió con la firma del convenio bajo el argumento de que la propuesta cumplía con los requisitos técnicos exigidos.
Consejeros electorales y organizaciones civiles exigen una revisión inmediata del contrato para evitar que el financiamiento público termine en redes delictivas ya identificadas. El caso pone bajo la lupa la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y la integridad de los procedimientos de licitación en el órgano autónomo. Hasta el momento, el INE no emite una postura oficial detallada, mientras la opinión pública demanda el cese de convenios con personajes vinculados a actos de corrupción.
