De cara a la histórica jornada de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, diversos ayuntamientos de Oaxaca han oficializado la implementación de la «ley seca» durante el próximo fin de semana. Esta medida, fundamentada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, busca blindar el orden público y asegurar que el ejercicio democrático del 25 de enero transcurra en un ambiente de absoluta civilidad. Los municipios de Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, Villa de Tututepec, Chahuites y Juquila lideran esta iniciativa, estableciendo restricciones que van desde la prohibición de venta en comercios minoristas hasta el cierre total de bares y cantinas, con la advertencia de sanciones administrativas severas para quienes ignoren los avisos oficiales.
En la capital del estado, el edil Raymundo Chagoya confirmó que, además de la restricción de bebidas embriagantes, se desplegará un operativo de seguridad coordinado con fuerzas estatales y federales para resguardar las 186 casillas previstas. Para evitar cualquier interferencia con la veda electoral, el gobierno capitalino determinó suspender actividades públicas habituales, tales como los tequios dominicales y el programa «Latidos Vecinales». Mientras tanto, en regiones como la Mixteca y la Costa, los horarios de restricción presentan variaciones operativas; en Huajuapan y Chahuites la prohibición iniciará desde el primer minuto del sábado, mientras que en Villa de Tututepec arrancará al mediodía del mismo día, extendiéndose en todos los casos hasta la medianoche del domingo.
Este proceso representa un hito para la entidad, al ser Oaxaca el primer estado del país en someter a su titular del Ejecutivo a una consulta de permanencia por pérdida de confianza. Las autoridades locales han enfatizado que, hasta el momento, no existen «focos rojos» identificados, centrando sus esfuerzos en facilitar que la ciudadanía acuda a las urnas con libertad. Con este despliegue administrativo y preventivo, se pretende que los oaxaqueños participen en los puntos habituales de votación bajo condiciones de tranquilidad, garantizando que el veredicto sobre la continuidad del mandato estatal se defina en un marco de paz social y legalidad.
