Integrantes de la Coalición Universitaria 7 de Octubre, conformada por trabajadores disidentes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca (STEUABJO), realizaron este lunes una marcha desde el crucero del estadio de béisbol hasta la calle de Álamos, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en las vialidades Manuel Ruiz y Violetas, en la colonia Reforma. Esta movilización forma parte de una serie de acciones para presionar a las autoridades universitarias y laborales, en un contexto de tensiones internas que incluyen expulsiones sindicales y reclamos por incumplimientos contractuales.
Durante una conferencia de prensa ofrecida por la coalición, el asesor Jorge Luis Martínez Florian detalló que el grupo decidió aplazar su emplazamiento a huelga hasta el próximo 2 de febrero, criticando la incapacidad del STEUABJO para formalizar correctamente su propio emplazamiento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Según Martínez Florian, la marcha busca que el juzgado traslade formalmente el emplazamiento a la universidad, corrigiendo irregularidades previas que requirieron intervenciones judiciales. Además, la coalición anunció que presentará su propio emplazamiento enfocado en dos ejes: el cumplimiento de una minuta firmada en octubre pasado, que incluye la apertura de una bolsa de trabajo, y el allanamiento a las demandas del sindicato oficial, como la revisión contractual y el incremento salarial. Para ello, designaron una comisión política y jurídica integrada por Enrique García, Isaac y Blanca, con Martínez Florian como representante legal.
Los manifestantes expresaron inconformidad por descuentos excesivos e indebidos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), exigiendo su devolución inmediata, y anticiparon que continuarán con movilizaciones para defender sus derechos laborales. Esta situación evidencia divisiones al interior de la comunidad universitaria oaxaqueña, donde la coalición espera un documento judicial que restituya sus derechos sindicales, argumentando que las expulsiones fueron ilegales. Mientras tanto, la universidad no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, pero el aplazamiento busca abrir un diálogo conforme a los criterios jurídicos establecidos, evitando paros inmediatos que afecten a la institución educativa.
