En los primeros 15 días de 2026, México ha registrado al menos once asesinatos de policías, una cifra que, aunque preocupante, representa una disminución respecto a los 19 casos documentados en el mismo periodo de 2025. De acuerdo con el seguimiento hemerográfico realizado por la organización civil Causa en Común, estos incidentes se concentraron principalmente en Michoacán, con cuatro víctimas, seguido de Morelos con tres, y uno en cada uno de los estados de Colima, Estado de México, Puebla y Sinaloa. Esta distribución geográfica resalta la persistencia de la violencia en regiones con alta incidencia delictiva, donde los agentes enfrentan riesgos constantes en el cumplimiento de su deber.
Entre los casos destacados, en Michoacán se reportó el homicidio de Javier Tennis Ceja, un policía municipal de Tocumbo, el 1 de enero, además de los asesinatos de Luis Manuel Mendoza Montalvo, Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, también municipales, en Zamora el 10 de enero. En Morelos, un agente municipal fue ultimado en Jonacatepec el 5 de enero, tras abandonar temporalmente su guardia, sumado a los de Daniel Toledo y Gabriel Castrejón, policías ministeriales estatales, en Jiutepec el 15 de enero. Otros incidentes incluyen el de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, elemento de tránsito municipal en Aguaruto, Sinaloa; un policía estatal en la capital de Colima el 1 de enero; otro en Cuautitlán, Estado de México, el 11 de enero; y Alfonso ‘N’, expolicía municipal en San Martín Texmelucan, Puebla. Estos detalles subrayan la vulnerabilidad de las fuerzas locales y estatales.
En contexto más amplio, Causa en Común informó que durante todo 2025 se registraron 348 asesinatos de policías, equivalente a uno por día y un aumento del 9% frente a 2024, con Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24) como los estados más afectados. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta diciembre de 2025, se acumularon al menos 442 casos. La organización urge al gobierno a mejorar la profesionalización, las condiciones laborales y las investigaciones para combatir la impunidad, enfatizando la necesidad de acciones concretas para proteger a quienes resguardan la seguridad pública.
