México registra anualmente casi ocho mil nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, lo que equivale a 21 menores que se convierten en madres cada día, según datos de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024. Este fenómeno, destacado tras un caso reciente en Chiapas donde una niña de 11 años dio a luz con graves complicaciones, se concentra en entidades como Estado de México, Chiapas y Guerrero, y se asocia mayoritariamente a violencia sexual o coerción, con padres frecuentemente adultos. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) busca erradicar estos casos para 2030, aunque las cifras muestran una disminución lenta.
Además, en 2024 se contabilizaron más de 92 mil nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años, y las estadísticas del INEGI indican que la mayoría de estos embarazos ocurren en comunidades rurales, indígenas o con bajo acceso a educación y servicios de salud reproductiva. En más del 37 por ciento de los casos con madres menores de 15 años, el padre tiene 18 años o más, y en casi 40 por ciento se desconoce su edad, lo que refuerza la dimensión de abuso de poder. Las consecuencias incluyen riesgos elevados de mortalidad materna, abandono escolar y perpetuación de la pobreza.
A pesar de la prohibición de matrimonios infantiles desde 2019 y la tipificación de relaciones con menores de 14 años como delito en varios códigos penales, persisten uniones libres forzadas y omisiones en la detección temprana. Organizaciones como Reinserta y el UNFPA subrayan que estos embarazos constituyen una violación grave de derechos, con impactos irreversibles en la salud física y emocional de las niñas, y demandan mayor implementación de protocolos de atención integral y educación sexual.
