Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano. La denuncia, entregada en Washington durante una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión, alega una estrategia de persecución política iniciada en 2023 mediante un patrón coordinado de acciones fiscales, judiciales y administrativas. El expediente incluye pruebas documentadas de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con énfasis en la criminalización de la crítica a través de más de 300 menciones en conferencias matutinas oficiales.
La acusación detalla cuatro ejes principales de hostigamiento: el uso de vocerías gubernamentales y medios para dañar la reputación del empresario y sus empresas, el incremento significativo de auditorías durante las administraciones recientes, la erosión de la independencia judicial por reformas recientes y el empleo político del aparato fiscal con trato discriminatorio pese a la disposición de resolver obligaciones tributarias. Salinas Pliego calificó estas acciones como un acoso sistemático destinado a intimidar, desgastar y silenciar a quienes expresan opiniones disidentes.
Grupo Salinas solicita que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición. Entre las medidas demandadas figuran la restauración de la independencia judicial y la protección efectiva del derecho de propiedad y la libertad de expresión en el país, con el argumento de que el caso trasciende lo individual y afecta el pluralismo democrático.
