Familiares de un periodista oaxaqueño denunciaron este miércoles la persistente impunidad en un caso de agresión policial ocurrido hace 10 meses, cuando agentes intentaron detener arbitrariamente al reportero en el domicilio de su madre, sin orden de aprehensión ni cateo. El incidente, que involucró golpes a padres, hermanos y el propio comunicador, se frustró gracias a una grabación en vivo que se viralizó, impidiendo que la Fiscalía General del Estado borrara la evidencia. Ubicado en la prolongación de Galeana número 913, en Oaxaca, el hogar sufrió daños materiales como puertas rotas, además de robos de dinero, joyas y otros bienes por parte de los elementos involucrados. A pesar de compromisos formales de las autoridades para restablecer los perjuicios causados, no ha habido avances en la investigación ni sanción a responsables.
En reuniones posteriores con el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, el secretario general de gobierno y el entonces secretario municipal Noé Jara, se abordó no solo la reparación del daño moral y material, sino también la seguridad en la zona, un polígono clave del centro histórico que incluye el mercado 20 de Noviembre y la Central de Abastos. Ahí, según los denunciantes, proliferan comercios irregulares, delincuencia organizada y explotación en actividades como la prostitución, sin que el gobierno estatal de Salomón Jara Cruz ni el municipal hayan cumplido promesas de regularización y limpieza integral. Lo realizado hasta ahora se limita a pintar banquetas y tapar un bache, lo que no aborda la raíz del problema ni garantiza protección para residentes, comerciantes y transeúntes.
Ante rumores circulantes en medios sobre supuestos nexos de la familia con negocios ilícitos, como centros de rehabilitación irregulares, hoteles de paso o células delictivas, un familiar —médico de profesión con 24 años de experiencia, especializado en ultrasonido y adicciones, y jubilado de la universidad— se deslindó categóricamente. Aclaró que solo presta servicios profesionales en clínicas y hospitales, sin propiedad ni responsabilidad en tales establecimientos, y mantiene actividades políticas legítimas. Exigió al fiscal y al gobernador una investigación exhaustiva sobre estas acusaciones infundadas, enfatizando que no formará parte de narrativas que distraigan de la violación a derechos humanos sufrida. La familia urge a la sociedad y autoridades a priorizar la justicia en este caso emblemático de abuso de poder.
