La estabilidad política en Santa María Apazco se encuentra en un punto crítico tras el rechazo generalizado de sus habitantes a la reciente elección de Eduardo García Santiago como autoridad municipal. Encabezados por la síndica Agustina Jiménez López, los pobladores denuncian que este proceso fue una «imposición arbitraria» orquestada por el edil saliente, Omar Bautista Rodríguez. Según los testimonios de la comunidad Mixteca, la elección careció de consenso y participación real, basándose en un padrón electoral que no se actualiza desde el año 2019, lo que dejó fuera del ejercicio democrático a gran parte de los mil 500 ciudadanos con derecho al voto.
Aunado a las irregularidades administrativas, el conflicto está marcado por un clima de violencia física e intimidación. La comunidad señala que el actual presidente municipal ha recurrido al uso de grupos armados para coaccionar a los votantes, especialmente a los adultos mayores, y para vigilar los movimientos de quienes se oponen a su gestión. De acuerdo con las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, durante la jornada electoral se registraron agresiones físicas que dejaron heridos de gravedad, situación que ha sido notificada a los delegados de paz y a la Secretaría de Gobernación sin que hasta ahora se haya logrado frenar el hostigamiento hacia los ciudadanos y jóvenes del municipio.
Por lo anterior, la población ha decidido desconocer tajantemente los resultados validados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Los inconformes argumentan que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas ignoró las pruebas de fraude y la vulnerabilidad de los derechos indígenas en la zona. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de impugnación legal, mientras los habitantes advierten que no permitirán la toma de posesión de una autoridad que consideran ilegítima, responsabilizando directamente a las autoridades estatales de cualquier atentado contra su integridad física en su lucha por terminar con más de dos décadas de control político y desvío de recursos.
