La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la fiscal Bertha Alcalde Luján anunciaron un acuerdo de reparación integral del daño por 480 millones de pesos con la empresa Silza, propietaria de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia. Este monto, que no sustituye la gravedad del siniestro ni las muertes, garantiza justicia y evita la impunidad, con un avance del 90 por ciento en pagos, pues ya se erogaron 430 millones. Además, en memoria de Alicia Matías Teodoro, quien sacrificó su vida para salvar a su nieta, se instaurará el reconocimiento «Alicia Matías» al mérito civil y valor ciudadano.
La reparación cubre principalmente casos de 32 fallecidos —de los cuales 28 recibieron indemnización— y lesionados, con pagos completos en categorías como lesiones mayores o menores. Los pendientes se concentran en daños materiales y trámites sucesorios. Por otro lado, las 52 personas hospitalizadas mantienen seguimiento médico continuo.
Las instituciones de salud, como IMSS Bienestar, ISSSTE y Pemex, proporcionan atención especializada aunque los pacientes no fueran derechohabientes antes. Trece afectados continúan en rehabilitación, mientras 23 reciben tratamiento de salud mental, y otros requieren curaciones o evaluación para cirugía plástica. Este acompañamiento asegura la recuperación máxima de funciones y autonomía.
