Jorge Bravo, especialista en protección de datos y vicepresidente editorial ejecutivo de DPL Group, afirmó que el nuevo registro obligatorio de líneas celulares vulnera la presunción de inocencia. La medida trata a todos los usuarios como potenciales delincuentes, sin evidencia de que reduzca extorsiones o fraudes. Además, representa el tercer intento del Estado mexicano por implementar un padrón similar, tras fallos previos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte.
El registro, aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, obliga a vincular todas las líneas móviles a una identidad oficial a partir del 9 de enero de 2026. Las empresas de telecomunicaciones resguardan los datos, aunque autoridades judiciales acceden sin límites claros. Bravo destacó la desproporcionalidad de suspender servicios, herramienta esencial para trabajo y comunicación, y alertó sobre exclusión de grupos vulnerables sin identificación oficial.
Expertos coinciden en que no existe causalidad probada entre registros obligatorios y disminución de delitos telefónicos. Países latinoamericanos con sistemas similares no muestran resultados efectivos, por lo que persisten riesgos de privacidad y abuso de datos personales. La sanción afecta principalmente a usuarios de prepago, que representan la mayoría de líneas activas en México.
