La Cámara de Diputados avaló, con 292 votos a favor, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, comercialización e importación de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el territorio nacional, aunque excluye sanciones para el consumo personal. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca desmantelar un mercado que afecta a medio millón de jóvenes y niños, según datos oficiales, y fortalece la rectoría estatal en materia de salud pública. La votación, tras un debate de nueve horas con 71 reservas presentadas, dividió al Pleno: Morena y aliados sumaron los sufragios mayoritarios, mientras PRI, PAN y MC rechazaron la medida por 163 votos en contra.
Los promotores, liderados por Ricardo Monreal y Pedro Zenteno, precisaron que las penas de uno a ocho años de prisión y multas hasta 226 mil pesos aplican solo a quienes obtengan lucro indebido, mediante la adición al artículo 282 quáter que exceptúa la posesión individual. Esta precisión surgió de una reserva conjunta que evitó confusiones legales y blindó a los consumidores de infracciones, con el fin de priorizar la protección de la niñez ante sustancias tóxicas como sales o aerosoles. Además, la reforma deroga disposiciones previas y prohíbe toda publicidad, lo que cierra vacíos en la legislación actual.
La oposición alertó sobre riesgos de un mercado negro controlado por cárteles, que ya operan en siete regiones, y acusó hipocresía a legisladores oficialistas por su presunto consumo, según Iraís Reyes de MC. El dictamen, aprobado en lo particular tras ajustes, avanza ahora al Senado para su revisión, donde podría enfrentar modificaciones antes de su promulgación definitiva. Esta decisión marca un precedente en la regulación de dispositivos análogos, aunque genera tensiones por posibles abusos autoritarios en su implementación.
