La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por ocho votos contra uno, ejercer la facultad de atracción sobre el amparo directo 842/2025 presentado por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta decisión, tomada durante la sesión del 26 de noviembre de 2025, mantiene en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal la resolución del decomiso de una residencia valorada en 51 millones 701 mil 973 pesos, ubicada en el Residencial La Retama, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo. La propiedad, asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 22 de septiembre de 2020, se considera adquirida con recursos ilícitos derivados del caso Agronitrogenados, donde Lozoya enfrenta acusaciones de lavado de dinero por un soborno de 3.4 millones de dólares de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México (AHMSA).
El Tribunal Colegiado, en sentencia del 9 de mayo de 2024, revocó la decisión inicial de una jueza federal que declaraba improcedente el decomiso e impuso su transferencia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) una vez firme la resolución. La FGR argumentó que la denuncia contra Lozoya, presentada el 23 de mayo de 2019, se enmarcó en la reforma constitucional al artículo 22, efectiva desde el 7 de marzo de ese año, la cual incorporó el lavado de dinero como causal de extinción de dominio sin violación a la irretroactividad. Por su parte, la defensa de Lozoya sostuvo que la carpeta de investigación inició antes de la reforma, lo que generó la contradicción resuelta en contra durante el procedimiento iniciado formalmente el 3 de diciembre de 2020. Así, el caso avanza paralelo al de Odebrecht, donde Lozoya permanece en prisión domiciliaria desde febrero de 2024 por motivos de salud.
La resolución de la SCJN evita interpretar el artículo sexto transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio sobre la fecha aplicable para el procedimiento, y devuelve el amparo directo 467/2024 al Tribunal Colegiado para su pronta definición. Fuentes judiciales indican que esta instancia debe resolver el fondo del asunto en las próximas semanas, lo que podría consolidar el decomiso o revertirlo a favor del exfuncionario. Mientras tanto, la FGR persigue condenas de hasta 39 años de prisión para Lozoya en ambos casos de corrupción, vinculados a sobornos por más de 10 millones de dólares durante su gestión en Pemex. El rechazo de la facultad de atracción subraya la trascendencia del litigio, dado el cargo público de Lozoya y el impacto en recursos estatales.
