La Cámara Minera de México (Camimex) alertó sobre las graves afectaciones que generaría la modificación propuesta al artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la Cámara de Diputados, ya que esta redacción prohíbe prácticamente la construcción de instalaciones en zonas federales de cauces y cuerpos de agua. Tal restricción impacta directamente las regiones montañosas, donde se concentran la mayoría de las minas, y frena la producción de metales esenciales para la industria nacional. Además, la medida pone en jaque la continuidad operativa de un sector que beneficia a más de tres millones de familias mexicanas de manera directa o indirecta.
Por otro lado, Camimex enfatizó que la minería formal no vierte desechos tóxicos en ríos ni lagos, sino que confina residuos en depósitos especializados, autorizados por normatividad estricta y supervisados con estándares internacionales. En consecuencia, la organización solicitó autorizaciones claras para esta infraestructura en zonas federales, con vigilancia permanente que garantice la protección ambiental sin paralizar operaciones viables. De lo contrario, México enfrentaría dependencia de importaciones de minerales, lo que debilitaría su economía ante la geografía compleja del territorio.
Mientras tanto, la reforma busca eliminar el acaparamiento de concesiones hídricas y prohibir su transmisión entre privados, según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confió en su aprobación antes del fin del periodo legislativo con ajustes para temas como la cesión de pozos. Sin embargo, campesinos y productores agrícolas protestan por temores a la centralización en Conagua y riesgos para el riego, con bloqueos en varios estados que exigen candados contra transferencias a usos industriales. Así, el debate revela tensiones entre equidad hídrica y sostenibilidad productiva en un contexto de escasez creciente.
