La Corte Suprema de Perú impuso once años, cinco meses y quince días de prisión efectiva a Pedro Castillo, expresidente entre 2021 y 2022, por el delito de conspiración para una rebelión. El fallo, emitido por la Sala Penal Especial, deriva del intento fallido de disolución del Congreso el siete de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció un gobierno de excepción e intervención del Poder Judicial. Absuelto de abuso de autoridad y perturbación del orden público, el exmandatario permanece recluido en la cárcel de Barbadillo, reservada para expresidentes, junto a figuras como Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
Betssy Chávez, ex primera ministra durante los hechos, recibió la misma pena por coautoría en la conspiración, pese a su asilo en la embajada de México en Lima desde noviembre de 2025. El tribunal ordenó su captura inmediata, lo que tensa relaciones diplomáticas entre Perú y México, país que también protegió a la familia de Castillo. Willy Huerta, exministro del Interior, enfrentará igual sanción, suspendida temporalmente hasta segunda instancia bajo estrictas normas de conducta, mientras Aníbal Torres, exjefe de asesores, obtuvo seis años y ocho meses por motivos humanitarios dada su edad de 82 años.
El veredicto, inferior a los 34 años solicitados por la fiscalía, destaca la falta de recursos armados para consumar la rebelión, aunque confirma un plan coordinado contra el orden constitucional. Castillo, maestro rural que irrumpió en la política con su victoria electoral de 2021, mostró calma durante la audiencia y reiteró su inocencia, alegando persecución política. Simpatizantes bloquearon accesos al penal en Lima para expresar respaldo, bajo vigilancia policial, en un contexto de inestabilidad que ha visto a ocho presidentes en los últimos diez años.
